Texto e ilustración de Guillermo Torres Carreño

El pasado 15 de septiembre en el marco de los festejos y conmemoración del aniversario 198 del comienzo de la lucha de independencia de México, justo al momento del tradicional grito de independencia, estalló una granada de fragmentación en la plaza principal de la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán.

Es el estado de Michoacán donde el presidente Felipe Calderón Hinojosa comenzó una guerra sin cuartel contra el crimen organizado, son muchos los golpes que el gobierno federal ha dado al hampa del narcotráfico, decomisos de cargamentos de droga, cantidades exorbitantes de dinero en efectivo y detenciones de líderes criminales. Una guerra que se ha traducido en un derramamiento de sangre sin precedentes en éste país, ejecuciones con el tiro de gracia y signos de tortura, ajuste de cuentas y una constante lucha entre los cárteles por el control de sus respectivos territorios.

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El mensaje de estos criminales es claro, un desconcierto y desesperación por el acoso de las autoridades que está generando que la situación salga de control, de este modo han optado por atacar a personas inocentes, civiles de a pie para que la opinión pública tenga mayor peso en este asunto. Hay dos puntos en los que merece la pena reflexionar, y es que a partir de dicho ataque el mes pasado, el gobierno federal ha intensificado una campaña mediática para promover la aprobación de una reforma judicial que contiene una clara disminución de las garantías individuales, ésta permitiría a la fuerza pública entre otras cosas realizar cateos en domicilios particulares sin necesidad de una orden previa; lo lamentable de ello es que podría darse el caso que no solamente se aplicara en contra del crimen organizado como sería lo ideal, sino que se prestaría a los excesos y abuso de autoridad que de por sí se dan con mucha frecuencia en este país. Por otro lado, está el tema de la militarización tan intensa que está llevando a cabo el régimen calderonista, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico el país se encuentra en un despliegue castrense virtual que es muy probable obedezca a un control social a falta de una legitimidad absoluta del gobierno en curso.

Es cierto que debe darse la unidad que una crisis de seguridad nacional como esta requiere, aunque también existe el riesgo de que las cosas se tergiversen, aún en contra de la voluntad del régimen, y que esto se torne en un momento dado en una cacería de brujas que más que atacar frontalmente al crimen organizado, sea utilizado en contra de sectores civiles como es el caso de la intervención del ejército para remover un plantón de maestros en una carretera del estado de Morelos.

Las declaraciones hechas por el presidente del gobierno del estado español José Luis Rodríguez Zapatero acerca de este atentado terrorista, son claras condenas de algo que efectivamente está fuera de contexto. Así como la visita de estado que en días recientes realizaron a México los príncipes de Asturias, ha sido un tema constante que en el plano mediático que relaciona de alguna forma lo que sucedió en Morelia con la lacra del terrorismo en España. Lo cierto es que hay matices que hay que distinguir al respecto. Lo que sucedió en Morelia no ha sido siquiera un ataque planeado sino un acto delincuencial, y lo que sucede en España es igual de cobarde y reprobable, aunque sus autores argumentan una lucha revolucionaria que poco tiene de ello. No representa siquiera un movimiento social legítimo con demandas concretas de lucha. Así pues, en México la militarización y declaraciones constantes a este respecto pueden en un momento dado tergiversar la situación para atacar a activistas y líderes sociales, civiles con distintas demandas que están en lucha para que sean atendidos.

Por mencionar dos casos de lo que puede tornarse este esquema está el secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo de un exitoso empresario mexicano, que presuntamente fue privado de la libertad por elementos de la Agencia Federal de Investigación. Así como el reciente asalto y robo a la residencia de la cantante Gloria Trevi, su domicilio fue violado por personas vestidas con uniformes militares, y aunque seguramente eran delincuentes comunes que usaron dichos uniformes; son dos muestras claras de los excesos a los que se puede prestar esta situación que claramente ha salido de control a las autoridades, o bien existe la posibilidad de que algunos funcionarios públicos se encuentren implicados en algunos de estos casos.

Así pues, más allá de la importancia del trabajo y ética del sistema judicial mexicano, la responsabilidad mediática de declaraciones oficiales deben tener la sensatez necesaria y suficiente para no mezclar ni comparar el terrorismo en España con los actos de terror del crimen organizado en México y, sobre todo, menos aún con la lucha y demandas sociales en México.

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